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CONTRA LA IMPUNIDAD

12 de septiembre de 2012 en el Ateneo de Madrid

Los orígenes y naturaleza del régimen franquista se definieron con claridad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus primeras resoluciones.

Así la resolución de Asamblea General de la ONU el 9 de febrero de 1946 adoptada por unanimidad según la cual, el Gobierno español «habiendo sido fundado con el apoyo de las Potencias del Eje, no posee en vista de sus orígenes, su naturaleza, su historial y su íntima asociación con los Estados agresores, las condiciones necesarias que justifiquen su admisión».

El mismo año la resolución de la Asamblea General 39(I), de 12 de diciembre de 1946, estableció: «Convencidos de que el Gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español… no representa al pueblo español…» [GA Res. 39(I), Fifty-ninth Plenary meeting, 12 December 1946].

El 13 de febrero de 1946 la Asamblea General de la ONU había adoptado la Resolución 3 (1), en la que «toma conocimiento de la definición de los crímenes de guerra, contra la paz y contra la Humanidad tal como figuran en el Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg de 8 de agosto de 1945», es decir tal cual figuran en el artículo 6 y siguientes del Estatuto: En concreto en lo referente a los CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, estos se definían de la siguiente forma:, el asesinato, el exterminio, el sometimiento a esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier población civil antes de la guerra o durante la misma; la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de los crímenes que sean competencia del Tribunal o en relación con los mismos, constituyan o no una vulneración de la legislación interna del país donde hubieran sido perpetrados.

A los que vivimos bajo  el régimen del general Franco no creo que nos haga mucha falta este tipo de precisiones sobra la naturaleza monstruosa del régimen y sus crímenes,  lo cierto es que primero la alianza estratégica de las democracias occidentales con la España de Franco, que duró hasta la muerte del dictador y después la política de pactos con los herederos del régimen dejó en la impunidad  los crímenes que sistemáticamente, año tras año, durante 40 años, hasta el último día y aun después de la muerte del dictador fueron cometidos.

En los últimos años sectores de la sociedad española se ha sensibilizado por la situación de las víctimas de la represión franquista, lo que ha dado lugar al surgimiento de numerosas asociaciones, cualquiera que se interese por esta cuestión se encuentra con la dejación por parte del Estado no ya por lo que respecta a la persecución a los crímenes, imprescriptibles por su naturaleza, cuestión de las víctimas y los derechos humanos.

El derecho a saber el destino final de lo ocurrido a las víctimas de la represión en España, el derecho a la verdad, a la justicia y reparación no consiste solamente en el derecho individual de toda víctima, o sus parientes o amigos, es también un derecho colectivo.

Al Estado Español le incumbe además del deber de recordar, a fin de protegerse y protegernos contra las tergiversaciones de la historia, la obligación de la persecución de tales crímenes en conformidad a las leyes y acuerdos internacionales por él suscritos.

Pues bien, nos encontramos, que llegando al absurdo jurídico, con jueces que no proceden de conformidad con las normas legales vigentes y que el Tribunal Supremo de nuestro país sostiene que la ley de Amnistía exime a la justicia de investigar los crímenes de la dictadura franquista.

Ante esta situación a iniciativa de algunas personas particulares, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Federación de Asociaciones Gallegas y con el apoyo de diferentes entidades argentinas el 14/04/2010 se presentó ante un juzgado de la República Argentina una querella por genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas. Esta querella se fundamenta jurídicamente en el principio de jurisdicción universal, de acuerdo a este principio los tribunales de cualquier país pueden y den actuar cuando se cometen crímenes de la naturaleza antes señalada.

Tras una reunión preliminar de contacto, celebrada el pasado 21 de junio en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (Madrid), treinta asociaciones de diferente tipo, han conformado, el martes 3 de julio, en los locales del Centro de Abogados de Atocha una red ciudadana de apoyo a la querella abierta en el Juzgado Federal Nº1 de Buenos Aires contra los crímenes de la dictadura franquista entre el 18 de julio de 1936 y el 20 de junio de 1977, fecha en que se realizaron las primeras elecciones democráticas en España, tras la muerte del dictador.

Dicha red permanece abierta para la incorporación de cualquier otra que desee involucrarse de una u otra manera en la participación y apoyo a la querella argentina.

En la querella se han personado ya un buen número de asociaciones y particulares, denunciando desde asesinatos en masa, fusilamientos, secuestro y apropiación de niños, trabajo esclavo, etc. hasta torturadores de la Brigada Político Social y demás cuerpos represivos, jueces del TOP y miembros de los tribunales militares y ministros franquistas que aprobaron sentencias de muerte.

El objetivo de la red recién creada es llevar a cabo una labor unitaria en torno a las gestiones que la jueza de Cubría lleve a cabo en nuestro país en relación a la querella. Tal labor se centraría en:

–          La organización de la entrega de la documentación y de los apoyos a la querella en la embajada argentina, en Madrid, lugar en el que la jueza llevará a cabo sus gestiones.

–          Organización de un acto de apoyo a la querella y de solidaridad con la misma.

–          Convocatoria de una rueda de prensa durante los días que la jueza desarrolle su labor, protagonizada por querellantes, ex-presos, familiares de asesinados y abogados participantes.